LOS PROBLEMAS LINGÜÍSTICOS EN LA DIDÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN JURÍDICA (INGLÉS/FRANCÉS-ESPAÑOL)1

Elena Macías Otón*

Resumen

El presente artículo tiene como propósito examinar los problemas de la traducción jurídica desde el plano lingüístico. La traducción jurídica se enmarca en las denominadas traducciones especializadas, aquellas que hacen uso de un lenguaje de especialidad y que presentan características léxico-semánticas, temáticas o textuales que responden a las reglas del sistema lingüístico del propio derecho. En este trabajo analizamos, de entre todas las particularidades del texto jurídico, aquellas que hacen referencia a cuestiones estrictamente lingüísticas, siendo conscientes de que existen otras que lo caracterizan y lo matizan. Para ello, proponemos una clasificación de los problemas lingüísticos de la traducción jurídica en función del momento del proceso traductor en el que surgen y de la importancia que presentan en el fenómeno de la traducción jurídica. Además, aportamos algunas estrategias que pueden ayudar a solucionar o comprender la esencia de estas singularidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción jurídica.

Palabras clave: Traducción jurídica; problema de traducción; ambigüedad semántica; terminología jurídica; jurilingüística; didáctica de la traducción jurídica.

The Linguistic Problems of Legal Translation (English/French-Spanish)

Abstract

The purpose of this article is to examine the problems of legal translation on a linguistic level. Legal translation comes under the category of specialised translations, those which use specialised language and show lexical-semantic, thematic and textual characteristics that reflect the linguistic system of law itself. Among all the specific features of legal texts, we analyse those that refer to strictly linguistic questions in this paper, although we are aware there are others that characterise and add nuances them. To do this we propose a classification of the linguistic problems of legal translation according to when they arise in the translation process and the importance they have in legal translation. We also put forward some strategies that can help to solve or understand the essence of these particular features in the teaching-learning process of legal translation.

Keywords: Legal translation; translation problem; semantic ambiguity; legal terminology; jurilinguistics; didactics of legal translation.

Sumario

1 Introducción

2 Problemas de traducción en la fase de comprensión del texto de partida

2.1 Problemas derivados del léxico: terminología y fraseología jurídicas

2.1.1 Clasificación de los fraseologismos jurídicos

2.1.2 Las expresiones binomiales

2.1.3 Las expresiones latinas

2.1.4 Marcadores verbales y eficacia de las normas

2.2 Semántica

2.2.1 Sinonimia y polisemia

2.2.2 Hiperonimia-hiponimia

2.2.3 Holonimia-meronimia

2.3 Problemas derivados de la naturaleza del texto jurídico

2.3.1 Grado de especialización del texto

2.3.2 Género textual

3 Problemas de traducción en la fase de reexpresión del texto de llegada

3.1 Finalidad de la traducción

3.2 Búsqueda de equivalencias traductológicas léxicas

3.3 Búsqueda de equivalencias de estructuras textuales

4 Conclusiones

5 Bibliografía

1 Introducción

La especialización propia de los textos jurídicos plantea en el proceso de traducción una serie de obstáculos que tienen su origen tanto en los aspectos lingüísticos como en la realidad extralingüística del texto jurídico. Esto conlleva la aplicación de un conjunto de técnicas y estrategias variadas en función de la naturaleza del texto original –teoría sobre el tipo de texto de Reiss (1991)– y de la finalidad de la traducción –teoría del skopos de Vermeer (2000)–, aspectos que habrán de ser tratados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de traducción especializada jurídica y de terminología, asignaturas pertenecientes a los planes de estudio del Grado en Traducción e Interpretación. Consiguientemente, esta complejidad exige que «la solución de dificultades y problemas lingüísticos, cognitivos de comprensión y reexpresión textual, debería tener un carácter propedéutico y ser el fundamento de la formación del futuro traductor» (Vega y Pulido 2003: 14).

Cuando comienzan a cursar las asignaturas mencionadas, los estudiantes de traducción no suelen están familiarizados con los textos jurídicos ni con la terminología jurídica ni, consecuentemente, con sus peculiaridades traductológicas. De todo ello resulta que el estudio de los problemas de la traducción jurídica comparece como una herramienta ventajosa para conocer las diferentes situaciones que pueden surgir en el proceso de una traducción.

Con la intención de superar estas barreras, hemos planteado una clasificación de los problemas de traducción2 a partir de la teoría de las puertas de Cabré (1999, 2002, 2005) según la cual las unidades terminológicas son poliédricas –lingüísticas, cognitivas y socio-comunicativas. De este modo, diferenciamos tres grupos de problemas que conforman el núcleo de nuestro estudio: problemas lingüísticos, problemas conceptuales y problemas socioculturales, reuniendo los dos últimos una serie de características metalingüísticas que entroncan con las disciplinas de la filosofía del derecho, la antropología jurídica, la sociología del derecho o la filosofía del lenguaje y que ya hemos tratado en un trabajo anterior (Macías, 2015a). Por lo tanto, en este artículo examinamos exclusivamente los problemas del primer grupo, los lingüísticos.

Consideramos un problema de traducción como «un segmento que puede estar presente en otro segmento de texto o en un texto considerado como un todo y que obliga al traductor a tomar una decisión consciente para aplicar una estrategia de traducción motivada» (González y Scott-Tennent 2005: 164) [la traducción es nuestra]. A esta definición añadimos que ese «segmento» pertenece a un lenguaje de especialidad (el lenguaje jurídico) «dirigido a especialistas» (Hurtado Albir 2001: 59) como forma concreta de uso del lenguaje en función de la temática y la situación de comunicación, e involucra a dos o más sistemas jurídicos con una idea diferente de las normas y de las conductas sociales.

Gamero (1998: 100) describe las características de la traducción de textos especializados (importancia del campo temático, terminología específica y géneros característicos) y las competencias necesarias para llevarla a cabo (conocimientos temáticos, terminológicos y sobre los géneros, y capacidad para documentarse). Estas características y competencias nos han servido de punto de partida para considerar los diferentes problemas lingüísticos de la traducción jurídica.

Los conocimientos temáticos del traductor deben estar enfocados a conseguir un nivel mínimo de comprensión del texto original. Si no fuere así, podrían surgir problemas de traducción en relación con la comprensión de los términos y con la organización temática del discurso.

Relacionada con la temática, la traducción de la terminología exige al traductor establecer relaciones entre los términos3 de las dos lenguas que representen los mismos conceptos.

Por su parte, cada género tiene una serie de convenciones lingüísticas, desde el nivel léxico (uso de ciertos términos para expresar algunas ideas) hasta el textual (estructuración del texto en determinados apartados) que el traductor debe reconocer en el texto original y ser capaz de reproducir respetando las convenciones existentes en la lengua de llegada.

Así entendidos, los problemas de traducción surgen, se identifican y se solucionan durante el proceso de traducción, y, normalmente, cada problema está relacionado con una de las fases de dicho proceso. Si bien el proceso traductor es, en esencia, el mismo que para cualquier tipo de traducción –las tres etapas de «comprensión, desverbalización (o fase no verbal) y reexpresión» que identifica Hurtado (1999: 31)–, en la traducción jurídica existe una actividad propia de la fase no verbal. Se trata de la «comparación de los sistemas jurídicos recurriendo a los conocimientos generales que el traductor posee de su derecho nacional (no tanto una actividad de derecho comparado en sentido estricto)» Bocquet (2008: 13) [la traducción es nuestra].

De este modo, dentro de la primera fase de comprensión del texto original distinguimos esencialmente los problemas derivados de la naturaleza del texto jurídico, los derivados del léxico y los problemas de semántica. En la fase de desverbalización surgen los problemas socioculturales y conceptuales. Por último, en la fase de reexpresión del texto meta, identificamos problemas inherentes a todo proceso de traducción: finalidad de la traducción –para qué y para quién se traduce–, grados de equivalencia terminológica y búsqueda de equivalencias tanto léxicas como textuales.

Pretendemos abordar los problemas de la traducción jurídica desde el plano lingüístico y traductológico: momento del proceso de traducción en el que surgen y aspecto lingüístico implicado. Este análisis se complementa con algunas estrategias de solución de los problemas mencionados que permitan realizar una traducción jurídica con ciertas garantías de éxito desde las primeras etapas de la formación en esta materia.

2 Problemas de traducción en la fase de comprensión del texto de partida

2.1 Problemas derivados del léxico: terminología y fraseología jurídicas

Los textos especializados presentan una serie de rasgos comunes que permiten identificarlos como tales y uno de esos rasgos es la estructura del vocabulario especializado, que no siempre se diferencia del vocabulario no especializado de forma clara.

Arntz y Picht (1995: 44) distinguen dentro del «léxico especializado» entre términos (normalizados o no su contenido está fijado por definiciones), cuasitérminos (tecnicismos no definidos) y jergalismos especializados (no pretenden exactitud ni univocidad en la expresión).

El primer problema terminológico de la traducción jurídica con el que se encuentran los estudiantes es, precisamente, el problema que señalan Arntz y Picht, la delimitación entre término, palabra y jergalismo. Además, «dado que los textos jurídicos tienen dos destinatarios diferentes [los juristas y el público general], encontramos términos especializados con varios niveles de abstracción presentados en lexías de la lengua general» (Stolze 2013: 5), los denominados «términos délficos» por Campos y Campos (2009) y Riggs (2007). A estos se unen, posteriormente, otros dos problemas: por un lado, la identificación de la morfología del término y, por otro lado, las unidades fraseológicas especializadas.

Conocer estos problemas es importante por dos razones. La primera, para evitar que el traductor realice una valoración errónea del término y de su significado y elija un cuasisinónimo (cuasitérmino) no apto para un discurso concreto, incurriendo en un error de traducción grave que altere la naturaleza del texto fuente, reduciendo en este caso su grado de especialización.4 Y en segundo lugar, para delimitar entre los términos del lenguaje jurídico y las palabras de la lengua común, fijando así la «pertenencia exclusiva al lenguaje jurídico o la doble pertenencia de los términos al lenguaje jurídico y a la lengua común» (Cornu 1990: 62). Ello nos conduce a otra cuestión íntimamente relacionada con esta, como es la polisemia y las relaciones semánticas entre los términos, que analizaremos en el punto 2.2 de este trabajo.

2.1.1 Clasificación de los fraseologismos jurídicos

En el discurso jurídico observamos el uso de estructuras lingüísticas pluriverbales fijas que también son portadoras de conocimiento especializado. Son las denominadas por Cabré, Lorente y Estopá (1996) «unidades fraseológicas especializadas». Estas unidades no son fácilmente reconocibles en el discurso jurídico por parte de los no especialistas. Para identificarlas, en Macías (2015) proponíamos un primer acercamiento a través de una clasificación de las unidades fraseológicas jurídicas a partir de las tipologías de Solano (2012) y Sevilla (2013): sintagmas fraseológicos («jurídicamente vinculante»); enunciados fraseológicos («A todos los que la presente vieren y entendieren»); esquemas sintácticos («todas las personas tienen derecho a…») y paremias (la divisa «Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple» [Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo]).

La identificación en el discurso de los fraseologismos jurídicos, su variación sintáctica, las variedades del español y la determinación de equivalencias terminológicas en los lenguajes de especialidad son algunas de las dificultades de la fraseología jurídica en una traducción. Como solución, entre otros recursos, se pueden utilizar textos paralelos, la traducción con carácter oficial, la traducción literal, las diferentes técnicas de trasposición cultural o la explicitación cultural.

2.1.2 Las expresiones binomiales

Consideramos oportuno situar las expresiones binomiales en el marco de la fraseología como sintagmas fraseológicos (Macías, 2013), puesto que respetan las tres características de las unidades fraseológicas: polilexicalidad, idiomaticidad, repetición y estructura sintagmática (Solano 2012: 118).

Se trata de expresiones compuestas por medio de conjunciones (y/e, o/u) o preposiciones (tras, pero, a) con una estructura bimembre o plurimembre y con un alto grado de fijación interna. Las relaciones semánticas más habituales entre sus componentes según Malkiel (1959: 125-129) son la cuasisinonimia («seguridad y recaudo»), la complementariedad mutua («vivienda y ajuar familiar»), la oposición («aumento o disminución»), la subdivisión o partes («meses o años») y la consecuencia («compra y venta»).

En la traducción jurídica, es necesario comprobar si la realidad jurídica representada en la expresión binomial es concebida con el mismo sentido en el sistema jurídico de la lengua de llegada (la relación semántica entre los componentes de la expresión) y si gramaticalmente presenta la misma estructura y función. A esto debemos añadir, como propone Vázquez (2014: 44), las técnicas traductológicas de «traducción cultural, modulación, generalización, elusión, adaptación y transposición».

2.1.3 Las expresiones latinas

En el lenguaje jurídico existen expresiones latinas que han pervivido durante siglos y se siguen utilizando especialmente en los textos doctrinales. Estas expresiones presentan las mismas formas que las unidades fraseológicas jurídicas comentadas anteriormente:

- Sintagmas fraseológicos: a) Colocaciones: mora accipiendi (mora del acreedor); mora solvendi (mora del deudor). b) Compuestos sintagmáticos: iter criminis (camino del delito). c) Locuciones: sub judice (bajo la decisión del juez); sine die (sin plazo).

- Expresiones binomiales: hic et nunc (aquí y ahora); a mensa et thoro (separación judicial).

- Esquemas sintácticos: nihil obstat (nada se opone).

- Brocardos: Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere (La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo).

Uno de los obstáculos que suponen estas expresiones es su correcta interpretación en el contexto en el que se utilizan. Si bien pueden permanecer en latín en la traducción, el traductor debe comprender la expresión para evitar incoherencias contextuales. Existen numerosos diccionarios de expresiones en latín, entre ellos, destacamos el de Couture (2004) y el de Domingo et al. (2003).

2.1.4 Marcadores verbales y eficacia de las normas

El elemento de expresión de la obligación por excelencia en los textos normativos es el verbo. A diferencia del español y el francés, en los que las formas verbales y el elenco de verbos para la expresión de la obligación son tendencialmente equivalentes, en inglés se recurre al uso de los verbos auxiliares modales. La expresión de la obligación a través de marcas verbales se puede apreciar en presente de indicativo, futuro simple y en los verbos con contenido obligacional o autoritario (imperativo). Los marcadores verbales de la obligación están íntimamente relacionados con la eficacia directa e indirecta de las normas, aspecto de índole jurídica que el traductor debería ser capaz de identificar.

En francés y español, el presente de indicativo tiene un indudable valor imperativo, razón por la que se emplea para construir normas de eficacia directa, es decir, normas en las que se encuentran todos los elementos para su cumplimiento. Richard (2005: 71) lo ejemplifica al analizar el artículo 10.1 de la Constitución francesa (CF) cuando en este precepto se afirma que «Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours…» se está significando que «Le Président de la République doit promulguer les lois…» [debe promulgar].

Asimismo, ha de observarse que el valor imperativo expresado por este precepto despliega sus efectos no solo ad intra, obligando al presidente, en cuanto jefe del Estado, a promulgar las leyes en el plazo de quince días, sino también ad extra, atribuyéndole con carácter exclusivo y excluyente tal competencia y, consecuentemente, privando de esta a otros órganos del Estado. Esta doble eficacia se advierte al examinar el precepto similar al 10.1 de la CF contenido en el artículo 62 de la Constitución española (CE): «Corresponde al Rey sancionar y promulgar las leyes». El valor imperativo del uso del presente de indicativo produce efectos ad intra, de forma que el rey debe sancionar y promulgar las leyes, así como ad extra, de modo que ningún otro poder del Estado puede asumir la antedicha competencia, reservada exclusivamente al rey en cuanto jefe del Estado.

Por su parte, en inglés el presente de indicativo se encuentra principalmente en fragmentos de la ley en los que se dan instrucciones sobre la aplicación de la propia ley: does not apply, ceases to apply, etc.

En cuanto al futuro simple de indicativo, tanto en español como en francés, es un tiempo verbal «porteur de modalisation», tal como recuerda Richard (2005: 72), motivo por el que se emplea para elaborar normas de eficacia aplazada, es decir, normas que no disponen de todos los elementos para su aplicación inmediata. Ello puede ejemplificarse con el artículo 11 del Código Civil francés («L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités […]») y con su artículo equivalente en el ordenamiento jurídico español, el artículo 13.1 de la CE («Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas […] en los términos que establezcan los tratados y la ley»). En ambos preceptos puede advertirse que el uso del futuro se realiza en dos normas en las que la concreción de su estructura queda diferida a un momento posterior, concretamente cuando los tratados internacionales y las leyes intervengan. Esa eficacia aplazada se marca con el futuro simple de indicativo como marcador verbal de la obligación.

En inglés el uso del «shall» para el futuro es la fórmula prototípica de los enunciados normativos, si bien «no siempre implica obligatoriedad» (Gémar 1981: 346). La traducción de «shall» al español puede ser problemática si se traduce en futuro y tras ese enunciado no hay una norma de eficacia diferida. Ahora bien, en estos casos, la finalidad de la traducción será la que determine la forma verbal, debe comprobarse el tipo de eficacia jurídica de esa norma para utilizar bien el presente (eficacia directa), bien el futuro (eficacia diferida).

La expresión de la obligación en las normas también se realiza a través de verbos que expresan obligación, soberanía o autoridad. Es el caso de los verbos explícitos «devoir, falloir, obliger, forcer, contraindre, ordonner, enjoindre, ne…pouvoir, prohiber, défendre, prescrire, s’en tenir, être tenu, exiger, poursuivre», en francés y «deber, tener que, obligar, ordenar, (no) poder, prohibir, prescribir, dictar, atenerse, estar obligado, exigir, demandar», en español. Sin embargo, en todos estos casos en inglés se recurre a verbos modales: «shall», «must», «will»/«have to», «may», «should», «may not». Richard (2005: 73-79) analiza las características principales de estos verbos, sus empleos más habituales en los textos normativos y el tiempo verbal que debe utilizarse para su traducción.

2.2 Semántica

La ambigüedad semántica, o con palabras de Alcaraz y Hughes (2008: 17) «opacidad, falta de naturalidad y oscurantismo» se refiere a dificultades de orden semántico que responden a circunstancias diferentes como la sinonimia, la polisemia, las relaciones de hiperonimia-hiponimia y las relaciones de holonimia-meronimia. Para autores como Harvey (2005: 64) la ambigüedad es problemática para el traductor porque «debe identificarla y reproducir sus efectos de múltiple sentido».

Si bien la delimitación entre el lenguaje especializado y lenguaje general es una actividad que realiza el traductor sin pensar, dicha actividad no es fácil en los casos de términos ambiguos que presentan otros significados en el registro estándar o que no son altamente especializados, los «términos crípticos» según Campos y Campos (2009) y Riggs (2007). Se trata de un problema terminológico en la medida en que la ambigüedad dificulta la localización del término equivalente.

Por un lado, el tratamiento de las relaciones semánticas ambiguas requiere el uso y consulta de diccionarios especializados para comprender la precisión descriptiva. Por otro lado, la comprensión del texto se facilita con la elaboración de árboles semánticos o temáticos (Sevilla y Macías 2010) que reflejen las relaciones semánticas entre los términos de un texto y los ordenen de acuerdo con diferentes criterios como la jerarquía o las partes y el todo. Las características de los distintos niveles de organización de un texto, desde el nivel léxico (los términos) hasta el nivel textual (el texto en su conjunto) «y la función que cumplen los términos en ellos perfilan y matizan su contenido semántico» (Sevilla 2005).

Un análisis semántico sería un buen punto de partida para traducir términos ambiguos: 1º) averiguar si el término pertenece al lenguaje general o al lenguaje jurídico; 2º) comprobar el registro adecuado de la lengua según la situación de comunicación; 3º) buscar la definición del término en un diccionario general y en un diccionario especializado; 4º) comprobar que las unidades de significado (semas) en la definición de los diccionarios coincide; 5º) demostrar el uso del término en textos paralelos; 6º) modular el término para que recoja los matices del contexto de partida.

2.2.1 Sinonimia y polisemia

Las causas de variación sinonímica para una noción con valor especializado son diversas. Freixa (2002: 108) explica que pueden deberse a varias razones: estilísticas (cohesión textual), dialectales (variación geográfica, cronológica y social), funcionales (uso a partir de los parámetros de canal, tema, tenor funcional y tono), sociolingüísticas (contactos entre lenguas) o cognitivas (conceptualización según diferentes escuelas de pensamiento).

Sin embargo, cuando los términos son de pertenencia exclusiva al lenguaje jurídico poseen un gran sentido técnico de precisión y designan contundentemente un elemento específico del sistema jurídico y son monosémicos. Este hermetismo no permite, en principio, el uso de sinónimos; se trata de un rasgo que comparte la traducción jurídica con otras especializadas. Ahora bien, aun existiendo una coincidencia entre términos que pertenecen con exclusividad al ámbito jurídico y términos monosémicos, esta coincidencia no es del todo absoluta, pues estos términos poseen sinonimia referencial (referentes específicos en textos concretos) y en algunos casos otras acepciones especializadas dentro del ámbito jurídico, la denominada por Cornu (1990: 67-94) «polisemia interna».

La polisemia consiste en la coincidencia de varios significados en una misma palabra por extensiones o ampliaciones del significado de una palabra ya existente, por lo que puede llegar a ocurrir que esa palabra tenga varios significados en el registro estándar y en el ámbito especializado. Para Cornu (1990: 93), la polisemia interna es una marca esencial del vocabulario jurídico y presenta relaciones de sentido diferentes, que se reflejan en varios tipos de polisemia. La primera de ellas es la «polisemia coherente» que responde a una cierta lógica y se presenta en relaciones de derivación, de complementariedad, sentido paralelo-opuesto y sentido genérico-específico. La segunda es la «polisemia desordenada» que parece ser el resultado de una coincidencia o del azar (Cornu 1990: 93-102).

Se pueden dar varias situaciones de polisemia de una palabra dentro del registro estándar y del especializado. Por ejemplo, «arras» tienen varios significados en el registro estándar y uno especializado (el derecho); «mora» tiene varios significados especializados (derecho y fonología); «consejo» tiene varios significados en el registro estándar y en el ámbito especializado (derecho internacional público, derecho mercantil, derecho administrativo, etc.).

Sería deseable que en la lengua de llegada el término presentara los mismos significados que en la lengua de partida y todos ellos coincidieran en ese mismo significante. La polisemia de un término también se puede resolver atendiendo a su conexión referencial.

La polisemia es también reveladora de una situación compleja en el marco supranacional. En este entorno, la traducción jurídica está supeditada al entendimiento de diferentes regiones y al multilingüismo que «significa que no se puede recurrir a una única lengua» por lo que se respeta la «expresión plurilingüe de un derecho único» (Monjean-Decaudin 2010: 697) [la traducción es nuestra].

2.2.2 Hiperonimia-hiponimia

Hiperonimia e hiponimia son relaciones semánticas entre unidades léxicas, reflejo de una ordenación jerárquica de los referentes que representan. El hiperónimo contiene el significado de otras palabras (hipónimos) y el hipónimo es una palabra cuyo significado está contenido en el de del hiperónimo. Si varias palabras tienen su significado al mismo nivel que otra palabra con una relación jerárquicamente superior, son cohipónimas entre sí.

En un texto, existen relaciones de hiperonimia-hiponimia cuando hay clasificaciones o cuando se habla de tipos de referentes respecto a otros referentes.

En la enseñanza-aprendizaje de la traducción jurídica puede ser útil esta organización jerárquica porque es, precisamente, una de las formas de estructurar el conocimiento del derecho. Por ejemplo, a la hora de abordar la traducción de un texto jurídico, esta jerarquía semántica puede servir como punto de partida para organizar las ramas del derecho y los tipos de instituciones jurídicas. Según el tipo de relaciones que son objeto de regulación se establece la pertenencia a una rama u otra y, a partir de ahí, se restringe la búsqueda documental. Por ejemplo, existe una relación de hiperonimia-hiponimia a partir del término «ley» (hiperónimo), y los términos «ley ordinaria» y «ley orgánica» (hipónimos del hiperónimo ley). «Ley ordinaria» es a su vez hiperónimo de: leyes ordinarias especiales por el contenido; Ley de Presupuestos Generales del Estado; ley de transferencia; ley de armonización; ley de delegación; ley marco.

2.2.3 Holonimia-meronimia

Holonimia y meronimia son relaciones semánticas entre unidades léxicas que derivan de la descripción de un todo constituido por varios elementos (partes de un contrato, partes de una ley, etc.). El holónimo es una palabra que representa un referente compuesto por varias partes, cada una de las cuales cuenta con una denominación, que es el merónimo.

En un texto, se observan relaciones de holonimia-meronimia cuando hay descripciones que nombran los elementos que componen aquello que se describe.

En la traducción jurídica esta organización del todo y sus partes es también una forma de estructurar el conocimiento del derecho. Podemos organizar las partes de una ley para localizar el lenguaje objeto (en el articulado de la norma) y el metalenguaje (en el preámbulo de la ley) y descomponer el texto en partes más pequeñas que poseen sus peculiaridades sintácticas y semánticas. Esta tarea facilita la comprensión del texto jurídico y su traducción.

Por ejemplo, la estructura de una ley (loi/act) presenta una relación de holonimia (holónimo «ley») y meronimia (las diferentes partes de la ley).

ESTRUCTURA DE UNA LEY

STRUCTURE D’UNE LOI

STRUCTURE OF AN ACT

Título de la ley

Titre de la loi

Short title: This Act may be cited as the Health Act 2009.
Long title: An Act to make provision about…

Instrumento normativo, numeración y fecha:
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre

Référence
NOR: JUSX0807076L
Version consolidée au 25 juillet 2008

Date of the Royal assent
[12th November 2009]

Sanción real y fórmula promulgatoria inicial:

A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed:…

Formule de promulgation :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté […]

Enacting words:
be it enacted by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice and consent […]

Preámbulo

Préambule

Preamble

Exposición de motivos

-

Título

Titre

Part

Capítulo

Chapitre

Chapter

Sección

-

Article

Artículo

Article 

Section

Subsection 

Párrafo
1.
a. (supuestos, condiciones, circunstancias)

Alinéa
I.-
1º

Paragraph
(1)…─
sub-paragraphs
(a)
(i)*

Disposiciones adicionales

Titre nº x Dispositions diverses:

Minor and Consequential Amendments

Disposiciones transitorias

-

Transitional provisions

Disposición derogatoria

-

Repeals and revocations

Disposiciones finales

-

-

Fórmula promulgatoria final:
[…] A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Par le Président de la République : […]

(1) This Act may be cited as […].
(2) This Act shall come into force on a day appointed […]

Lugar y fecha
Madrid, 30 de octubre de 2006

Lieu et date
Fait à Paris, le 6 juin 2000

Schedules, illustrations and forms

Anexos

Travaux préparatoires
Annexes

Attributes

*5

Cuadro 1. Relaciones de holonimia y meronimia a partir de la estructura de una ley.

2.3 Problemas derivados de la naturaleza del texto jurídico

2.3.1 Grado de especialización del texto

El grado de especialización del texto es una circunstancia moduladora de la intensidad de los problemas de la traducción jurídica. Este punto es importante porque a partir de la determinación del grado de especialización se tomarán las decisiones oportunas respecto a las estrategias de traducción y la resolución de los problemas. Según Cabré y Estopá (2005: 71), el conocimiento especializado se refleja en el nivel textual de acuerdo con una triple estructura: «formal (género textual); informativa o cognitiva (contenido transmitido en el texto); y gramatical (interrelación entre las distintas unidades lingüísticas)». Todo texto jurídico presenta en cada una de estas tres estructuras, principalmente en la formal y cognitiva, una serie de unidades de conocimiento propias y específicas que le confieren su carácter especializado.

El grado de especialización del texto sirve para orientar la labor de documentación (fuentes especializadas, fuentes menos especializadas o combinación de ambas) y para adecuar la terminología a la finalidad del texto, al tipo de texto y a las características de sus destinatarios. Siguiendo a Cabré (2002: 20) y Ciapuscio y Kuguel (2002: 20), tres son principalmente los factores que permiten determinar el grado de especialización del texto: la comunicación, el texto y la terminología.

Factores relacionados con la comunicación

Productor del texto/
Destinatarios

Especialistas / no especialistas

Factores relacionados con el texto

Lugar de publicación

Revistas científicas, leyes, colecciones de jurisprudencia, etc.

Tipología textual

Argumentativo, narrativo, descriptivo, explicativo, dialogal.

Género textual

Textos normativos, jurisprudenciales, doctrinales, formularios, documentos judiciales, etc.

Finalidad

Aprobar una norma, celebrar un contrato, etc.

Temas y subtemas

Tratamiento de un tema de forma más o menos especializada.

Inclusión de explicaciones

Implica un menor grado de especialización.

Factores relacionados con la terminología

Densidad terminológica

Número de términos en relación con el total de palabras del texto.

Grado de especialización de los términos

En función del tipo de diccionario (general, especializado) o base de datos terminológicas en donde aparecen; la indicación del campo temático, etc.

Uso de elementos propios de una disciplina

Convenciones gráficas y ortotipográficas: formato del contrato; gráficos en anexos de leyes.
Empleo de expresiones latinas y brocardos jurídicos.

Cuadro 2. Propuesta de factores de determinación del grado de especialización del texto jurídico inspirada en Cabré (2002) y Ciapuscio y Kuguel (2002).6

2.3.2 Género textual

El carácter formal del texto jurídico es, efectivamente, un problema lingüístico que no hace referencia a las unidades de traducción, sino al conjunto del texto jurídico, que se vierte en moldes típicos que lo conforman. El concepto de género textual se refiere a los «patrones de texto, que con mayor o menor exigencia convencional, tienen una clara existencia para los individuos de una cultura» (Sánchez 2002: 124).

Los diferentes géneros textuales y las convenciones formales que rigen su redacción obligan al traductor a documentarse para obtener textos paralelos que compartan principalmente la misma macroestructura (características del contenido temático del texto) y la misma superestructura (organización formal del discurso).7 El reconocimiento de estas estructuras, del género y del tipo de documento jurídico son los elementos que conforman este problema, puesto que en los géneros se presume que el lector conoce y comparte con el autor unas características prototípicas necesarias en esa situación de comunicación entre las que se encuentran, entre otras, la terminología, la fraseología o el grado de especialización del texto.

En este sentido, Borja (2007: 157) propone el empleo de los textos paralelos «para observar la estructura, la terminología y la fraseología propias del género8 […] y familiarizarse con las convenciones del género en ambas culturas». Los textos paralelos «permiten al traductor establecer comparaciones en el plano textual, funcional y de aplicación práctica del derecho».

Una primera aproximación al conocimiento de los géneros textuales se puede realizar a través de la identificación y clasificación de los textos jurídicos detallando «el nombre del documento extranjero, el nombre del documento en español, el emisor, el destinatario, la función y valor legal, la estructura y un listado de términos propios de cada documento» (Borja 2007: 98).

3 Problemas de traducción en la fase de reexpresión del texto de llegada

3.1 Finalidad de la traducción

En la traducción «la finalidad […] determinada en última instancia por el tipo de receptores a quien se dirige la traducción (y sus necesidades y deseos), condiciona la opción global que adopta el traductor, es decir, la elección de un método u otro: el fin justifica los medios» (Hurtado 1999: 40).

Por todo ello, la teoría funcionalista que desarrolló Nord a partir de 1997 se puede aplicar con éxito en el ámbito de la traducción jurídica en general y, como señala Mayoral (1999: 17), el skopos está «envidiablemente bien delimitado en la traducción jurada». El «encargo de traducción especifica explícita o implícitamente la situación comunicativa para la que se necesita el texto meta» (Nord 2010: 241). El tipo de texto, las estrategias de resolución de los problemas y «el objetivo de la traducción determinan el método traslativo» (Nord 2010: 239).

Se han propuesto diferentes clasificaciones del método traslativo que tienen cuenta la finalidad de la traducción, como la de Newmark (1992: 70-72) o la de Hurtado (1999: 32). Todas estas clasificaciones van desde el exotismo hasta la adaptación cultural que serían los extremos en el continuum de la traducción de elementos marcados culturalmente.

La finalidad de la traducción puede ser un problema, ya que la traducción debe mantener el efecto esperado por el receptor. Por ello, la selección del método traslativo es un momento cardinal. A modo de ejemplo, de acuerdo con los métodos de Hurtado (1999: 32), el método interpretativo-comunicativo (traducción del sentido) podría justificarse al traducir la parte de una sentencia en la que el juez expone sus argumentaciones, así como en la traducción de documentos en contextos multilingües; el método literal (transcodificación lingüística) en la traducción jurada o en la traducción bilingüe de contratos; el método libre (modificación de categorías semióticas o comunicativas) al realizar una propuesta doctrinal o proyecto de ley a partir de una ley extranjera; y el método filológico (traducción erudita y crítica) en la redacción de un artículo científico o en la formación de traductores.

3.2 Búsqueda de equivalencias traductológicas léxicas

En la traducción de términos jurídicos no siempre es fácil encontrar la equivalencia terminológica plena. A este problema, el principal de los que plantean los lenguajes técnicos, se refiere Ladmiral (1994: 17) cuando afirma que «el concepto de equivalencia reproduce la ambigüedad de la traducción». Para superar este problema, Lerat (1995: 94-95) propone dos fórmulas:

a) La equivalencia funcional, que supone una traducción aproximada y «una interpretación teleológica de la institución» (Groffier 1990: 318). Lerat pone como ejemplo la equivalencia funcional que existe entre hypothèque (garantía que grava un bien immueble en derecho civil) y mortgage (garantía que grava un bien en general en common law)», ambas se traducen al español con la equivalencia funcional «hipoteca».

Al respecto, Mayoral (2004: 49-71) también recurre a la «traducción por el procedimiento del equivalente funcional» o «formulación funcional» ante situaciones de inequivalencia de conceptos entre sistemas jurídicos.

b) La equivalencia parcial (frente a equivalencia plena y funcional), que supone analizar los rasgos semánticos de los términos y las relaciones semánticas entre ellos (polisemia, sinonimia, hiperonimia, holonimia), serían las denominadas equivalencias por intersección o por inclusión de Sarcevic (1997: 237-239). En el texto de partida (texto concreto) hay identidades referenciales que se tienen que plasmar en la traducción.

A estos dos tipos de equivalencias podemos añadir la equivalencia nula, que se da cuando en una lengua no existen los conceptos representados por términos de la otra lengua y solo cabe utilizar una paráfrasis explicativa, una explicación o, como sugiere Galdia (2003: 2), «la cita del término no traducido, la creación de un neologismo o una combinación de ambos».

Por último, en el seno de las organizaciones supranacionales o interregionales, Monjean-Decaudin (2010) apunta acertadamente la existencia de la equivalencia uniformizante y la equivalencia localizada. Para esta autora, en función del tipo de traducción que se lleva a cabo en el seno de la organización internacional, existe una traducción vertical (de la organización a las naciones/regiones) y una traducción horizontal (de una nación/región hacia otras naciones/regiones), lo cual incide de forma decisiva en las estrategias de traducción. En el seno de la Unión Europea, por ejemplo, el traductor opta por una «equivalencia uniformizante» donde se procura «una transposición jurídica y lingüística que no comprometa la interpretación del texto»; a nivel nacional, el traductor recurre a la «equivalencia localizada» donde «el juricentrismo o el etnocentrismo conducen a la percepción de las diferencias del derecho del otro respecto al modelo como un signo de inferioridad y también a la ignorancia de esos elementos diferentes» (Monjean-Decaudin, 2010: 704) [la traducción es nuestra]. De este modo, se puede producir una pérdida de sentido (con el consiguiente trato de ignorancia de la institución) al traducir una figura jurídica cuyo concepto no existe en el otro sistema jurídico. En el caso del Estado español, si bien es plurilingüe, el sistema jurídico es el mismo, por lo que existen las equivalencias conceptuales. No obstante, encontramos instituciones históricas que evidencian la convivencia del derecho común y del derecho foral y de las diferencias lingüísticas y socioculturales que ello implica. En la traducción del término catalán pubilla al castellano, se ignora el derecho a heredar de la mujer cuando la traducción es «mayorazgo», porque este solo incluye al varón; y en el caso de traducirlo por «hija mayor», se ignora la institución catalana.9

3.3 Búsqueda de equivalencias de estructuras textuales

Los géneros textuales jurídicos presentan características estructurales que no coinciden en todos los sistemas jurídicos, ni en todos los países que pertenecen al mismo sistema jurídico (Gémar 1981: 343). Si bien anteriormente hemos comentado que una de las dificultades de la fase de comprensión es la identificación del género jurídico al que pertenece el texto, en la fase de reexpresión la dificultad estriba en encontrar formalmente las partes del nuevo documento jurídico: la superestructura del texto meta.

Ferran (2014: 5) propone «detectar en el texto las funciones jurilingüísticas universales», «los sintagmas y las porciones mayores que constituyen (oraciones, subpárrafos, párrafos, cláusulas, etc.)» y «encontrar un paralelismo entre las distintas porciones de discurso para establecer equivalencias».

Una forma de abordar esta organización de porciones del texto es analizarla desde el punto de vista de una relación de holonimia-meronimia. Por ejemplo, la superestructura de las sentencias de casación españolas, francesas y británicas es diferente, cada una presenta una superestructura diferente, pero comparten un esquema común que permite organizar el contenido del lenguaje objeto (normativa aplicable) y del metalenguaje (argumentaciones del juez).

Sentencia

Tribunal Supremo

(España)

Arrêt de cassation

Cour de cassation

(Francia)

Judgment

Supreme Court

(Reino Unido)

1) La fecha y lugar en que se dicta.

2) El encabezamiento y la fórmula rituaria «en nombre del Rey»; nombres de las partes, nombres de los abogados y procuradores; objeto del juicio.

3) Los antecedentes de hecho.

4) Los fundamentos de derecho.

5) El fallo.

6) La mención de si la sentencia es firme o si cabe algún recurso contra ella.

7) La firma del juez, magistrado o magistrados.

1) Nº R Date et identification (cf. Cassation partielle avec renvoi) République Française. Au nom du peuple français. Tribunal, chambre, section, jugement, Nº RG, nº minute, assignation; demandeur, défenderesse, intervenante volontaire; composition du tribunal; objet)**.

2) Les visa.

(3) Solution de principe).

4) Faits d’espèce/ Faits matériels et faits judiciaires.

5) Référence à la décision de la Cour d’Appel.

6) La solution d’espèce.

7) Le dispositif.

1) Heading: Identification of the case (reference [year] UKSC 16 On appeal from: [year] EWCA Civ 157; Parties … v…; Justices; Date: Judgment given on…Heard on…; Courts parts: appellant, respondent/ plaintiff; defendant, applicant; intervener; interested party).

Law Lords’ interventions:

2) Introductory.

3) The historical background/The factual brackground/ Backgound to the appeals.

4) The legal proceedings.

5) Legislation/ Tacit legislation/Subsequent legislation.

6) Reasons for the judgment/ Issues. Discussions of the issues, further clarifications and conclusions.

7) Conclusion/Disposal.

**10

Cuadro 3. Superestructura de las resoluciones judiciales: sentencia, arrêt y judgment.

El punto de partida es encontrar una serie de documentos (en los buscadores de resoluciones judiciales del Tribunal Supremo, la Cour de cassation y la Supreme Court) que puedan servir de textos paralelos para identificar esa superestructura y de ahí extraer los términos y los fraseologismos (búsqueda de equivalencias léxicas), así como los diferentes apartados que conforman el documento (búsqueda de equivalencias estructurales).

4 Conclusiones

Los problemas de la traducción jurídica en el proceso de enseñanza-aprendizaje se presentan como segmentos existentes en los textos de naturaleza jurídica (normativos, jurisprudenciales, doctrinales, etc.) «que obligan al estudiante a tomar una decisión consciente para aplicar una estrategia de traducción motivada, un procedimiento o una solución de entre una serie de opciones» (González y Scott-Tennent, 2005: 164). Dichos problemas van asociados a las diferentes fases del proceso de traducción, si bien pueden aparecer en varias de ellas de forma simultánea. Por otro lado, en la traducción jurídica existen dos circunstancias que modulan la intensidad de los problemas y que derivan de la propia naturaleza del texto jurídico: la finalidad de la traducción y el grado de especialización del texto. La primera determina las estrategias de resolución de los problemas y el método traslativo; la segunda sirve para adecuar la terminología a la finalidad del texto, al tipo de texto y a las características de sus destinatarios. Estas dificultades, habituales en la traducción general, tienen especial relevancia en la traducción jurídica, pero no son exclusivas de esta.

Nuestra propuesta para abordar los problemas de la traducción jurídica se ha fundamentado en una clasificación de los propios problemas de traducción. Siendo conscientes de la diversidad de problemas que existen en el universo jurídico (conceptuales, lingüísticos, socioculturales principalmente), nos hemos centrado en el estudio de los problemas lingüísticos. En las fases de comprensión y desverbalización aparecen dificultades de orden lingüístico, sociocultural y conceptual, y en la fase de reexpresión primordialmente lingüístico.

En el análisis de los problemas lingüísticos de la traducción jurídica destacamos aquellos que están relacionados con la terminología y la fraseología; los problemas que plantean las formas verbales; la ambigüedad semántica; y las tipologías textuales.

En lo que respecta a los primeros, la terminología y fraseología, proponemos como estrategias de traducción el empleo de las distintas equivalencias en función del grado de aproximación traductológica (funcional, parcial y nula), el recurso a las denominada por Monjean-Decaudin (2010) «equivalencia uniformizante» y «equivalencia localizada», así como a una intensa labor de documentación a través de textos paralelos y obras de referencia.

En segundo lugar, para la traducción de las distintas formas verbales es necesario tener en cuenta su relación con la eficacia directa e indirecta de las normas, es decir, las normas de eficacia directa (verbos en presente) son las que contienen todos los elementos para su cumplimiento y las normas de eficacia aplazada (verbos en futuro), que no disponen de todos los elementos para su aplicación inmediata.

En tercer lugar, para superar la ambigüedad semántica, proponemos como ejercicio la elaboración de árboles semánticos que ordenen las ideas del texto y de los términos.

Por último, encontramos aquellos problemas que surgen en el nivel textual, para solucionarlos se puede abordar la organización del texto (la superestructura) a partir de una relación de holonimia-meronimia entre las partes del texto que ayuden a detectar, por un lado, los pasajes del lenguaje objeto y el metalenguaje, y por otro lado, las equivalencias a nivel oracional y supraoracional.

Hemos revisado brevemente algunas de las dificultades de la traducción jurídica para los futuros traductores, dejando la puerta abierta al análisis en profundidad de los diferentes problemas. Su puesta en práctica permitirá evaluar los resultados de este trabajo y comprobar sus implicaciones en la traducción jurídica.

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1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Programa de Doctorado en Traducción, Lenguas y Literaturas de la Universidad de Vic

* Elena Macías Otón, licenciada en derecho, criminología y traducción e interpretación (inglés). Es traductora-intérprete jurada del idioma inglés y profesora de traducción e interpretación en la Universidad de Murcia y de Enseñanza Secundaria en la especialidad de francés. elena.macias@um.es

Artículo recibido el 31.07.2015. Evaluación ciega: 09.09.2015. Fecha de aceptación de la versión final: 12.01.2016.

Citación recomendada: Macías Otón, Elena. «Los problemas lingüísticos en la didáctica de la traducción jurídica (inglés/francés-español)», Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 65, 2016, p. 1-17. DOI: 10.2436/20.8030.02.130.

2 Encontramos diversos trabajos que tratan los problemas de la traducción especializada, así como de la traducción general. No obstante, solo mencionamos algunos de los numerosos autores que los abordan en la traducción jurídica o la jurilingüística: Gémar (1981, 1991), Groffier (1990), Cornu (1990), Borja (2000, 2007), Galdia (2003), Richard (2005), Bocquet (2008), Alcaraz y Hughes (2008), Campos y Campos (2009), Monjean-Decaudin (2010), Stolze (2013), Ferran (2014).

3 En este artículo se entienden los «términos» como «unidades de estructura léxica con sentido especializado en un dominio» (Cabré 2002: 11).

4 También se puede dar el caso de que se utilice como fuente de documentación una obra más especializada que el texto original, de modo que el texto traducido tenga un grado de especialización más elevado que el del texto original.

5 En el interior del articulado, en español y en francés los artículos y/o párrafos se pueden encontrar ordenados con los adverbios numerales latinos (bis, ter, quater, quinquies, sexies, etc.) mientras que en inglés se suele hacer con las letras del alfabeto.

6 Ciapuscio y Kuguel (2002: 45) proponen los siguientes niveles en el análisis del grado de especialización de un texto: Nivel I, funciones; Nivel II, situación; Nivel III, contenido semántico; Nivel IV, forma. Por su parte, Cabré (2002: 20) distingue un módulo relativo a los elementos que configuran la producción del texto; un segundo módulo relativo al proceso de transmisión; y un último dedicado a la recepción del texto.

7 De acuerdo con la terminología de Van Dijk (1978).

8 Esta autora los clasifica en textos normativos, jurisprudencia, textos doctrinales, textos judiciales, textos de aplicación del derecho (documentos privados y documentos públicos).

9 Algunas soluciones podrían ser la paráfrasis explicativa del término (la institución catalana de la pubilla), el préstamo del término (pubilla) o una modulación (la heredera). Las dos últimas propuestas de traducción son las que se recogen en el Diccionari de Dret civil (TERMCAT, Centro de Terminología, Generalitat de Cataluña, Departamento de Justicia, 2005).

10 El artículo 454 del Código de Procedimiento Civil francés (Code de procédure civile) recoge las referencias que debe contener una sentencia